El PP pide explicaciones por el contrato de alumbrado de Sagunto
El PP de Sagunto llevará a la Comisión de Hacienda el contrato de gestión del alumbrado, semáforos y Smart City, valorado en 26,8 millones de euros durante 15 años.
Fiscalizar antes de firmar: esa es la exigencia que el PP de Sagunto plantea ante el nuevo contrato de gestión del alumbrado público, la red de semáforos y los servicios de Smart City que prepara el equipo de gobierno municipal. La cifra que maneja la oposición para todo el periodo de vigencia, 15 años, asciende a 26,8 millones de euros, un compromiso económico que, según sus cálculos, rondaría 1,8 millones anuales con cargo al presupuesto municipal.
La concejal popular Sara Cañada llevará el expediente a la próxima Comisión Informativa de Hacienda con una batería de preguntas dirigidas a desglosar el gasto. Entre sus principales dudas figura la proporción exacta entre inversión en equipamiento nuevo y simple mantenimiento del servicio existente, una distinción que, a su juicio, no queda clara en la documentación disponible hasta ahora.
Este tipo de escrutinio previo es habitual en contratos de larga duración: al tratarse de compromisos que superan un mandato municipal completo, la Comisión Informativa de Hacienda actúa como paso previo no vinculante en el que los distintos grupos pueden plantear dudas técnicas antes de que el expediente llegue, si procede, a votación en el Pleno.
Concretamente, la edil popular reclama cifras sobre el número de puntos de luz que serán sustituidos, qué proporción de la red de semáforos se renovará y cuáles serán las actuaciones específicas que se engloban bajo la etiqueta de Smart City, un concepto que en la práctica puede abarcar desde sensores de tráfico hasta plataformas digitales de gestión remota.
Uno de los argumentos centrales del PP es que buena parte del trabajo de modernización ya se hizo en años anteriores: la ciudad sustituyó luminarias convencionales por tecnología LED y retiró semáforos innecesarios al construirse rotondas en distintos puntos. Por ello, la formación pide que se contextualicen las mejoras que ahora se anuncian frente a lo que ya se ejecutó, para evitar que se presenten como una transformación inédita del servicio municipal.
Los contratos de gestión energética de este tipo suelen articularse bajo la fórmula de empresa de servicios energéticos, en la que el adjudicatario adelanta la inversión en equipamiento y recupera el desembolso a lo largo de los años del contrato a cambio de una cuota fija, un modelo que permite modernizar infraestructuras sin desembolso inicial municipal, pero que también traslada a largo plazo el riesgo de que el ahorro prometido no se cumpla.
Las dudas de los populares también apuntan al fondo del modelo contractual. Preguntan si se valoraron alternativas —como que el propio Ayuntamiento asuma la gestión directa o que se liciten por separado los distintos servicios— y qué informes técnicos avalan tanto el plazo de 15 años como la fórmula elegida frente a esas otras opciones. Sobre el propio importe, quieren saber si los 26,8 millones incorporan el IVA y qué margen dejan para revisiones de precio o prórrogas futuras.
La bancada popular añade una tercera batería de cuestiones centrada en los resultados prometidos: qué ahorro energético y económico se espera lograr, con qué metodología se ha calculado esa previsión, y qué régimen de penalizaciones se aplicará a la empresa adjudicataria si no cumple los indicadores de calidad pactados en el pliego.
Este tipo de cláusulas de penalización por incumplimiento de indicadores —habituales en los contratos de servicios energéticos— buscan trasladar parte del riesgo económico a la empresa adjudicataria si la instalación no ofrece el rendimiento comprometido, aunque su eficacia real depende de que el Ayuntamiento disponga de medios técnicos propios para verificar el cumplimiento año a año.
Para los vecinos de Sagunto, el debate tiene una traducción directa en el presupuesto municipal a largo plazo: un contrato de 26,8 millones repartido en 15 años compromete una partida fija que, cualquiera que sea el color político del equipo de gobierno en las próximas tres legislaturas, condicionará el margen disponible para otras inversiones en vía pública.
Una vez adjudicado, un contrato de esta envergadura deberá quedar reflejado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el registro público donde se publican los pliegos, las ofertas presentadas y las condiciones finales de adjudicación, lo que en teoría permitirá a cualquier vecino consultar en el futuro los detalles que hoy reclama la oposición. La eficacia real de esa transparencia, sin embargo, dependerá de que la información se publique de forma completa y comprensible, algo que no siempre ocurre en los grandes contratos de servicios municipales. Casos similares en otros ayuntamientos españoles han mostrado que los contratos energéticos a 15 años tienden a generar más controversia cuanto menos detallada es la información inicial disponible para la oposición, un patrón que el PP de Sagunto parece querer evitar exigiendo respuestas antes, y no después, de la firma definitiva.
Antes de que el contrato avance en su tramitación municipal, el PP exigirá el acceso completo al expediente, incluyendo la memoria económica y los estudios técnicos que sirvieron de base para diseñarlo. La formación insiste en que cualquier compromiso de esta magnitud, que condicionará a varias corporaciones futuras, debe pasar primero por un debate informado en la Comisión de Hacienda antes de su aprobación definitiva. Según El Periódico de Aquí.