El PP de Sagunto reprocha al gobierno local el rechazo a sus propuestas de ZBE
El PP de Sagunto sostiene que el gobierno municipal ha descartado casi todas sus propuestas para la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, centradas en transporte público, aparcamientos disuasorios y protección del comercio local.
Qué calles quedarán vetadas a determinados vehículos y qué alternativas de transporte tendrán quienes no puedan entrar en coche al centro de Sagunto: ese es, en el fondo, el debate que enfrenta estos días al PP local con el equipo de gobierno del alcalde Darío Moreno. El motivo es la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que el Ayuntamiento tramita por obligación legal y para la que los populares dicen haber presentado alegaciones que, según denuncian, el gobierno municipal ha descartado casi en su totalidad.
Conviene recordar de dónde viene esa obligación. No es una ocurrencia del equipo de gobierno actual, ni una decisión que haya tomado el propio consistorio por su cuenta: la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética obliga desde 2023 a todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes a delimitar una zona de este tipo. Sagunto, con 73.031 habitantes según el padrón del INE de 2025, entra de lleno en ese umbral: la implantación de la ZBE, por tanto, tocaba tarde o temprano, gobernara quien gobernara.
Lo que discute el PP no es esa obligación, sino cómo se ha traducido en la práctica. El portavoz municipal, Ximo Catalán, resume la crítica de su grupo con una idea sencilla: el gobierno de Moreno se habría conformado con cumplir el mínimo exigido en lugar de aprovechar la norma para mejorar de verdad la movilidad de la ciudad. Entre las alegaciones que, según Catalán, quedaron fuera del texto final figuran un refuerzo de las líneas de autobús, nuevos aparcamientos disuasorios en las entradas de la localidad y un estudio sobre cómo afectarán las restricciones al pequeño comercio, la hostelería y los autónomos.
El argumento de fondo de los populares tiene que ver con la secuencia lógica de cualquier restricción de tráfico: si se limita el acceso en coche, sostienen, hay que ofrecer antes alternativas reales. Catalán reclama, en concreto, más conexiones de autobús y aparcamientos pensados para quienes viven fuera del casco urbano y se desplazan a diario hasta Sagunto por trabajo o estudios, un colectivo que, avisa, puede acabar penalizado si no hay un plan de movilidad paralelo a las restricciones.
También cuestiona el PP dónde se han dibujado los límites de la zona. A su juicio, las áreas que ha delimitado el Ayuntamiento no coinciden con los puntos de la ciudad donde peor es la calidad del aire, y reclama que cualquier decisión sobre el trazado se apoye en mediciones objetivas de contaminación, y no en criterios meramente administrativos. Ponen como ejemplo a otros municipios españoles que, según afirman, están combinando las restricciones al tráfico con medidas de acompañamiento a la movilidad, una fórmula que, sostienen, Sagunto debería imitar para no penalizar injustamente a los vecinos que dependen del vehículo privado.
Catalán insiste en que su formación no se opone a la existencia de la ZBE, ya que cumplir la ley es una obligación, pero traza una línea entre cumplir la norma y gobernar bien. Su conclusión es que el Ayuntamiento ha dejado pasar la oportunidad de construir, junto con la oposición, un modelo de zona de bajas emisiones pensado para las necesidades reales de Sagunto, en lugar de aplicar una versión mínima de lo que exige la ley estatal. Se trata, conviene subrayarlo, de la lectura política del PP sobre un proceso que el gobierno municipal no ha respondido públicamente a través de este medio.
Para el vecino de a pie, el resultado de este pulso político tendrá una traducción muy concreta cuando la ordenanza quede cerrada: determinará qué calles y qué tipo de vehículos afrontarán restricciones, y qué alternativas —autobuses, aparcamientos disuasorios— estarán realmente disponibles para quienes hoy dependen del coche para entrar en la ciudad. Según El Periódico de Aquí, con datos adicionales de la Ley 7/2021 (BOE) y de Wikipedia.