El Pleno de Sagunto vota respaldar a Ceuta y pedir mano dura al Gobierno
El Pleno de Sagunto aprobó en septiembre, con los votos de PSOE, PP, Iniciativa Porteña y Vox frente al rechazo de Compromís y Podem, una moción que reclama al Gobierno actuar con firmeza en Ceuta.
La sesión de septiembre del Pleno saguntino dejó patente una fractura política clara: cuatro grupos respaldaron una moción centrada en Ceuta y dos la rechazaron. El texto, registrado conjuntamente por el Partido Popular y Vox y defendido en la tribuna por el concejal Ximo Catalán, pedía al Ejecutivo central mano dura frente a la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma; antes de la votación se incorporó una enmienda del PSOE. Sumaron sus votos a favor PSOE, PP, Iniciativa Porteña y Vox, mientras que Compromís per Sagunt y EU-Unides Podem se desmarcaron votando en contra, algo poco frecuente cuando un asunto ajeno a la gestión municipal directa llega al orden del día.
El origen del debate está en los sucesos del 30 de julio, cuando un grupo numeroso de personas —procedentes sobre todo de Marruecos— accedió de golpe al territorio ceutí. Según recoge la propia moción, aquello desbordó de forma puntual la capacidad de respuesta de la ciudad: desde la atención en los puntos de acogida hasta la actividad cotidiana de comercios y vecinos se vieron afectados, pasando por el trabajo añadido para policía, sanidad y servicios sociales. Los grupos proponentes quisieron dejar constancia expresa de su reconocimiento a la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ejército y al personal humanitario movilizado desde entonces, y trasladaron al pleno la inquietud que semanas antes había planteado la propia Asamblea de Ceuta sobre el alcance del problema: desde la seguridad en las calles y el funcionamiento diario de los servicios básicos hasta la sanidad, el tejido productivo local, el empleo y, en última instancia, la convivencia y la seguridad del conjunto del país.
Para dimensionar de qué ciudad se habla conviene un dato: Ceuta sumaba 83.595 habitantes según el padrón del INE de 2025, un censo modesto que explica por qué la llegada repentina de varios miles de personas resulta tan disruptiva para sus servicios. No es, además, la primera vez que ese paso fronterizo colapsa de esta manera: ya en mayo de 2021 cerca de 8.000 personas —1.500 menores entre ellas— accedieron en cuestión de días de forma irregular, y Madrid devolvió a Marruecos a unas 4.000 durante la semana posterior. El precedente confirma que la fragilidad de ese punto de la frontera hispano-marroquí no es un fenómeno nuevo sino recurrente.
Las peticiones concretas al Gobierno se agrupan en tres bloques bien diferenciados. El primero es de seguridad fronteriza: repatriar, siempre dentro de la legalidad, a quienes participaron en el episodio del 30 de julio y siguen en situación irregular; ampliar de forma suficiente los agentes y militares desplegados en la raya con Marruecos; y reforzar jurídica y materialmente la inviolabilidad de esa frontera para evitar que se repita un suceso semejante. El segundo bloque es de continuidad institucional: dotar a la administración ceutí de recursos suficientes para que ningún servicio público deje de funcionar con normalidad pese a la presión añadida. El tercero combina lo económico y lo humanitario: ayudas específicas para paliar el golpe sufrido por autónomos, comercios y trabajadores de la ciudad, junto con el compromiso de garantizar seguridad, bienestar y derechos a las personas migrantes que aún permanecen allí mientras se resuelve su situación administrativa.
El argumento de fondo del texto va más allá de lo puramente local: al coincidir la raya ceutí con el límite exterior de la Unión Europea, sus impulsores sostienen que su control concierne a España entera y no solo a la administración autonómica ceutí. La moción recoge asimismo la sensación de desamparo que, según sus defensores, sintieron los ceutíes en los primeros días de julio, cuando los recursos disponibles se quedaron cortos frente a la magnitud de lo sucedido.
El acuerdo respalda también las concentraciones ciudadanas de solidaridad celebradas el 2 de septiembre en distintos puntos de España y reclama, a nivel tanto nacional como comunitario, una política migratoria construida sobre la cooperación con países de origen y tránsito, la persecución de mafias dedicadas al tráfico de personas y un control fronterizo eficaz dentro de la legalidad vigente. Pide, además, que Madrid mantenga un diálogo constante con el Gobierno autonómico ceutí, respetando sus competencias y sus circunstancias particulares, y reclama a las instituciones europeas una implicación mayor con Ceuta y con España. El texto cierra solicitando fondos extraordinarios que compensen el impacto económico, social y sobre los servicios públicos que ha dejado la crisis, con especial atención a los sectores más golpeados.
En el fondo, el pleno saguntino trasladó a escala local un debate que recorre toda España: quienes apoyaron la moción la defendieron como una cuestión de seguridad de frontera y solidaridad institucional con Ceuta, mientras que Compromís per Sagunt y EU-Unides Podem prefirieron distanciarse de ese enfoque con su voto contrario. El Ayuntamiento de Sagunto no asume ninguna competencia directa sobre lo ocurrido en Ceuta: su papel se limita a remitir formalmente el acuerdo al Gobierno de España y a las instituciones europeas. Según el Ayuntamiento de Sagunto, con datos adicionales de Wikipedia sobre Ceuta y la crisis migratoria de 2021.